A un año de las elecciones previas, la conversación sobre las reformas electorales se ha estancado

Por Nincy Perdomo

Este lunes 28 de noviembre se cumplió un año de las pasadas elecciones generales, que dieron el triunfo a la presidenta Xiomara Castro. A pesar de que el proceso electoral se vio altamente cuestionado, tanto en su etapa primaria,en el marco de la campaña general y posteriormente a los comicios, el resultado –que llenó de esperanza a la población anhelante de un cambio de gobierno– opacó las irregularidades previas. A la fecha, no se ha retomado un diálogo sustancial sobre la deuda de las reformas electorales.

El debate sobre las reformas electorales no es nuevo, aunque alcanza su punto más álgido cada vez que se inicia el ciclo de los comicios primarios y generales. Una de las reformas electorales integrales se dio en 2002, durante el gobierno de Ricardo Maduro, con la publicación de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP). En esta ley se introdujeron conceptos importantes para el avance de la participación ciudadana, como la paridad y la alternancia, que logró un incremento de la participación política de las mujeres hasta un 24.2% en las elecciones de 2005 (datos del Observatorio Político de Mujeres - Katia Uriona).

La siguiente reforma de particular relevancia se dio en 2016, con la aprobación de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos, mejor conocida como Ley de Política Limpia. Esta es la primera reforma que toma en consideración a los partidos de más reciente creación, Partido Libertad y Refundación y Partido Anticorrupción. Para la constitución de la Unidad de Política Limpia, los tres partidos de mayor representación en el Congreso Nacional –LIBRE, Partido Liberal y Partido Nacional– ubicaron sus representantes en este órgano.

En 2018, el diputado del Partido Libertad y Refundación, Jorge Cálix, presentó una propuesta de reforma para integrar formalmente a los comisionados del Registro Nacional de las Personas, proyecto que en abril de ese mismo año fue aprobado y publicado en La Gaceta. No obstante, la buena voluntad de la Junta Directiva no continuó favoreciendo el curso de las reformas, lo que culminó en lo que la bancada del Partido Libertad y Refundación denominó como "insurrección legislativa" en Junio de 2019: una serie de protestas dentro del hemiciclo donde los integrantes de la bancada de LIBRE interrumpieron las sesiones con gritos, silbatos y hasta petardos, exigiendo que se nombraran nuevas autoridades electorales.

Sin haberse si quiera dictaminado el proyecto de la Ley Electoral, el presidente del legislativo, Mauricio Oliva, nombró una comisión presidida por el diputado Jari Dixon Herrera para elaborar a toda prisa una normativa transitoria que permitiese nombrar a las nuevas autoridades. Las bancadas mayoritarias terminaron repartiéndose los nuevos cargos en el Consejo Nacional Electoral (Rixi Moncada (LIBRE), Ana Paola Hall (PL) y Kelvin Aguirre (PN)) y el Tribunal de Justicia Electoral (Enrique Reina (LIBRE), Miriam Barahona (PL) y Gaudy Bustillo (PN)).

La pandemia colocó la necesidad de las reformas en segundo plano debido a la emergencia sanitaria, que limitó las sesiones del Congreso Nacional durante todo el 2020 y parte del 2021. Hasta noviembre del 2020 se aprobó el presupuesto para que los nuevos órganos electorales coordinaran el proceso electoral primario de marzo del 2021, dando un margen de acción muy reducido, y sin conocerse el estado del dictamen de la nueva ley electoral. Esto dio lugar a decisiones controversiales por parte del CNE, en particular, como el hecho de no tener un sistema de transmisión de resultado preliminares, lo que ocasionó retrasos en el escrutinio de los resultados y molestias en los partidos políticos y ciudadanía en general.

Sin embargo, en mayo, posteriormente a la divulgación de los resultados electorales primarios, el director de la Oficina de Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado, Patrick Ventrell, realizó una visita al país para reunirse con Mauricio Oliva. Ventrell dijo en una rueda de prensa, "La gente de Honduras tiene el derecho a un proceso que funcione bien, que sea libre, y que tenga resultados (que den confianza) al pueblo hondureño. El interés de EE.UU. es que (se hagan) las reformas electorales y que hayan condiciones para las elecciones en noviembre." Unos días después de la visita de Ventrell, la nueva Ley Electoral fue aprobada.

Si bien la nueva Ley Electoral tiene avances importantes, como la inclusión de mecanismos para garantizar la paridad y la participación de las mujeres, la creación de la Unidad de Género y sanciones, la ley deja por fuera temas importantes que aún a la fecha de su aprobación eran parte del debate público: la segunda vuelta, el voto electrónico, los distritos electorales, la conformación y clara delimitación de funciones de los órganos electorales y los protocolos de atención para casos de violencia política y violencia política de género.

Una de las voces constantes en la demanda por reformas electorales y por un proceso incluyente fue el actual presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, entonces diputado del Partido Innovación y Unidad Social-Demócrata (PINU-SD). Redondo no estuvo de acuerdo con el documento final que se aprobó de la Ley Electoral, precisamente porque dejaba por fuera muchos elementos de reforma que se proponían desde la oposición. No obstante, ahora que ostenta el cargo más alto en el Poder Legislativo, ese interés penetrante por impulsar y aprobar ha quedado de lado. La postergación de estos temas puede desembocar en un escenario parecido al de 2021, en el que se aprobaron presupuestos y normativas sin una socialización y debate público amplios. Todo parece indicar que, una vez estando en el poder, el discurso reformador deja de ser la muletilla necesaria para la relevancia.