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La socialización del Proyecto de Ley de Justicia Fiscal ha generado opiniones divididas entre los mismos funcionarios de gobierno. Para el ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, el decreto impulsado por el Poder Ejecutivo es perjudicial y señala que más que “refundar el país, busca refundir la economía”.
Ante esta afirmación, el director del Servicio de Administración Tributaria (SAR), Marlon Ochoa, calificó a Barquero de “traidor” por estar en contra de la iniciativa impulsada por la presidenta Xiomara Castro para evitar que Honduras se convierta en un paraíso fiscal.
El titular del SAR detalló que el nuevo sistema tributario contempla la derogación de 16 de los 18 regímenes especiales tributarios, aspira a detener los abusos de las exoneraciones y hacer más equitativo el proceso al cobrar más impuestos a los que más ganan.
Agregó que las 10 familias más ricas del país apenas pagan el 0,03% de los impuestos que generan menos de 200 empresas. Por otro lado, Ochoa dijo que no cree que la inversión extranjera, a base de incentivos, vaya a desarrollar el país, porque todas las empresas abusan, motivadas por los incentivos fiscales aprobados en el gobierno anterior.
Asimismo, Ochoa indicó que los beneficios fiscales que se otorgan a las empresas han demostrado que no generan empleos, y los pocos que lo hacen son precarios con bajos salarios y pocas prestaciones sociales. Por eso el gobierno de Castro busca atraer inversionistas extranjeros, pero sin ceder soberanía, recursos naturales y proteger los derechos de los trabajadores.
Sin embargo, Barquero coincide con la posición del sector privado, de que dicha ley asfixiará la economía del país, dará un fuerte golpe a la generación de empleo y cerrará todas las alternativas para atraer inversión nacional y extranjera.
Agregó que está de acuerdo con que se eliminen los abusos de los regímenes especiales, “pero que no mate el mecanismo, ya que es más el perjuicio que el beneficio”, por ello no apoyará el proyecto decreto y prefiere “traicionar al Gobierno y no al pueblo hondureño”.
El funcionario afirmó que mantendrá su posición frente a la iniciativa que castigará la inversión y la producción del país, lo que hará que se dispare el empleo informal en los próximos cinco años.
Reacciones
Para el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el contenido de la Ley de Justicia Fiscal es peligroso y generará una “masacre” contra las empresas del sector privado, que generan la mayoría de los empleos.
“Aplaudimos que se detengan los abusos, pero rechazamos que se hagan a través de la destrucción del clima de negocios, no necesitamos nuevas leyes para detener los abusos”, remarcó Mateo Yibrín, presidente del COHEP.
Por su parte, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, expresó su preocupación por el impacto que tendrá la nueva Ley de Justicia Tributaria en la generación de empleo y el crecimiento económico.
“Esto no solo desalienta las nuevas inversiones, sino que podría animar a las ya existentes a trasladarse a otro país, esperamos que el gobierno no pierda de vista el objetivo a largo plazo en la búsqueda de ingresos a corto plazo”, manifestó Dogu.
En tanto, la Cámara de Comercio en Industria de Cortés (CCIC) emitió un comunicado en las últimas horas en el que se declara en contra de la aprobación del proyecto de ley propuesto por el gobierno.
El presidente de la CCIC, Eduardo Facussé, informó que tras un análisis concluyeron que el proyecto necesita modificaciones y no debe ser aprobado porque generaría un grave daño al desarrollo de Honduras.
La propuesta, enviada al Congreso Nacional por la presidenta Xiomara Castro, relata que desde el golpe de Estado de 2009 se concedió un feriado tributario a los más ricos, mientras que se crearon 14 nuevos impuestos contra los más pobres y se persiguió a las micro y pequeñas empresas del sector informal.
El documento describe que “el monto de los impuestos exonerados en los últimos 12 años supera el total de la deuda pública, 25 grupos económicos a través de 137 empresas, acumularon más 30 mil millones de lempiras”.
Finalmente, a criterio del expresidente del COHEP, Santiago Ruiz, las “abruptas” reformas tributarias dejarán consecuencias funestas contra la inversión.
En general, la propuesta ha sido criticada por diversos sectores empresariales y se espera que se realicen modificaciones antes de su aprobación en el Congreso Nacional.
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