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El gobierno anunció una serie de medidas que tomará para controlar las cárceles del país que han estado sometidas a una ola de violencia
El gobierno anunció las medidas que tomará para poner orden en las cárceles del país, entre las que destacan el bloqueo de llamadas telefónicas, el desarme de presos y la clasificación de presos.
Las medidas fueron informadas por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, quien fue designada por la presidenta de la República Xiomara Castro para intervenir en las cárceles tras una ola de violencia desatada en la que murió un interno y 7 resultaron heridos.
Una de las medidas a tomar es el bloqueo de llamadas telefónicas, además de un desarme “real” a través de registros manuales y permanentes en el sistema penitenciario.
Cabe señalar que en 2014 se aprobó una ley que ordena a las empresas operadoras de telefonía móvil realizar ajustes técnicos para bloquear llamadas desde prisiones.
Villanueva indicó también que no descartan replicar estrategias aplicadas en otros países, pero con el “cuidado de respetar los derechos humanos de los reos”.
También anunció la “remoción y depuración” del personal penitenciario y de los policías de todas las cárceles, así como una evaluación exhaustiva inmediata a los directores de las prisiones.
Además, instalarán sistemas de vigilancia electrónica las 24 horas del día y el traslado y reubicación de presos de cuatro centros penales con mayor concentración, considerando su grado de peligrosidad y estado de su proceso penal, medida que también fue tomada en el gobierno anterior.
Este plan dado a conocer por Villanueva también contempla revisar “expedientes administrativos de presos con enfermedades terminales, en proceso de preliberación u otras condiciones y evaluar la situación jurídica para el otorgamiento de un indulto en casos menores”.
Este indulto “beneficiaría a unos 7,000 u 8,000 reos en tres meses”, según dió a conocer el Asistente Presidencial en Atención a Presos Políticos, Pedro Amador.
Otra medida que resalta en el plan, es la reclasificación y aislamiento de los presos vinculados a las estructuras criminales como maras y pandillas, tráfico de drogas y armas.
Este plan de intervención en las cárceles anunciadas por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, no es nada nuevo, a criterio del diputado nacionalista, Ramón Carranza.
“No es nada nuevo este plan, lo que se necesita es tener voluntad de hacer las cosas, no podemos esperar un año, se necesitan medidas rápidas”, expresó el diputado nacionalista.
“Creí que en el plan iban a haber cosas innovadoras como ese acercamiento que tiene que haber con los órganos de justicia para tener justicia expedita, no pueden pasar 4 años una persona esperando que se le dé un juicio, tratar el tema de la mora judicial”, añadió.
En las 26 cárceles de Honduras impera la sobrepoblación, ya que hay unos 20,000 presos, entre ellos, unos 1,100 son menores de edad.
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