¿Dónde está el decreto de la emergencia nacional que declaró la presidenta Xiomara Castro?

Por Nincy Perdomo

El pasado 21 de noviembre, la presidenta Xiomara Castro decretó emergencia nacional por extorsión, en el marco del lanzamiento del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos. "Instruyo a la Policía Nacional que por medio de sus evaluaciones comunitarias proceda a proponer los estados de excepción y suspensión de garantías constitucionales parciales en las diferentes áreas o sectores donde se amerite," expresó Castro durante los actos oficiales en Casa Presidencial, en presencia de las autoridades de la Secretaría de Seguridad.

Esta semana, el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, anunció que preliminarmente serían ochenta barrios y colonias en Francisco Morazán y Cortés los que estarán bajo el régimen de excepción parcial, que estaría implementándose por seis meses, de acuerdo a sus declaraciones. Mientras tanto, la Policía Nacional ha anunciado más de 30 capturas atribuidas a las acciones ordenadas por la presidenta Castro para el combate a la extorsión, de acuerdo a lo expresado por el portavoz Edgardo Barahona.

La suspensión de garantías constitucionales no es una medida habitual para el combate al crimen organizado. Las ocasiones previas en las que se ha decretado estado de excepción en el país han sido por perturbaciones nacionales de índole política, como la crisis post-electoral de 2017 y el golpe de Estado de 2009. El objetivo de esta medida era impedir la movilización popular en diferentes sectores del país.

La Constitución de la República establece, en el artículo 187, que la suspensión de garantías constitucionales debe establecerse mediante un decreto que establezca los motivos de la suspensión, las garantías restringidas, el territorio afectado por esta medida y la duración de la misma. Además, el decreto ejecutivo debe ser enviado al Congreso Nacional y ratificado por el mismo. De acuerdo al artículo, la restricción no puede exceder los 45 días.

Hasta el momento, a pesar de que la Policía Nacional se encuentra ejecutando desde ya varios operativos en el marco de la estrategia presentada por Castro el 21 de noviembre, no se ha convocado Consejo de Ministros para conocer la propuesta de estado de excepción del director de la Policía Nacional, ni se ha publicado un decreto ejecutivo estableciendo esta medida.

Esto permite dos posibilidades: o que la estrategia y acciones de la Policía Nacional no se están enmarcando en lo solicitado por la presidenta, o que la declaratoria de emergencia nacional por parte de Castro es simplemente una medida de comunicación, y por tanto, la aprobación y publicación de los mecanismos que permitan el desarrollo del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos no es prioridad para la titular del ejecutivo.

En ambos casos, se evidencia un desconocimiento de la grave problemática que afecta a la población y de las atribuciones que corresponden al funcionariado. El interés parece ser simplemente el posicionamiento favorable ante la opinión pública, en lugar de explorar y ejecutar, de manera expedita, soluciones que provean a la ciudadanía hondureña de un estado de bienestar y seguridad y habilite el desarrollo integral de las comunidades.