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Es ante la sala II del tribunal de sentencia con jurisdicción nacional que se evacúan 16 medios de prueba documentales, un testifical, 34 audiovisuales y dos periciales con 30 insumos.
El Ministerio Público continúa con el desarrollo del juicio oral y público contra el exalcalde de Talanga, Roosevelt Eduardo Aviléz López y miembros de su círculo familiar, por la supuesta comisión del delito de lavado de activos agravado.
Es ante la sala II del tribunal de sentencia con jurisdicción nacional que se evacúan 16 medios de prueba documentales, un testifical, 34 audiovisuales y dos periciales con 30 insumos.
En base a esta prueba recabada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) es que se solicita una sentencia condenatoria contra Aviléz López, su esposa Nancy Mareyil Santos Ríos y sus parientes Bella Esperanza Ríos Zúniga, Fadde Saroginy Aviléz López y César Vladimir Leiva Ríos.
De acuerdo a las investigaciones, el monto de lavado supera los 367 millones de lempiras, razón por la que en el marco de la Operación REAL, el 18 de octubre de 2021, se les aseguraron 131 bienes inmuebles, 43 vehículos y tres sociedades mercantiles, bienes puestos a la orden de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y por lo que simultáneamente se ejecutaron 11 allanamientos de morada y cuatro inspecciones a negocios en las ciudades de Tegucigalpa, Talanga, San Pedro Sula y Puerto Cortés.
La denuncia
En relación a este expediente, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico recibió denuncia en fecha 23 de marzo de 2013 en contra del ciudadano Roosevelt Eduardo Aviléz López, en la cual se manifestó su supuesta participación en una estructura dedicada al tráfico ilícito de drogas, producto de la cual ha incrementado su patrimonio, y de la cual hacen parte varios miembros de su núcleo familiar. Cabe mencionar que el Ministerio Público recibió posteriores denuncias en los años 2014 y 2015.
Fue así que después de profundizar con las diligencias investigativas dirigidas a identificar el patrimonio del denunciado y de su círculo familiar, se logró establecer la existencia de un aumento patrimonial evidentemente desproporcionado en relación a las actividades económicas generadoras de ingresos, pudiendo deducirse, en virtud de las denuncias recibidas y las técnicas especiales de investigación empleadas, que dicho patrimonio proviene de actividades relacionadas al tráfico ilícito de drogas.
De manera que, del análisis financiero y patrimonial en donde se identificó al señor Roosevelt Eduardo Aviléz López un total de ciento sesenta y cuatro millones, cuatrocientos setenta y cuatro mil novecientos treinta y cuatro lempiras con 86/100 (L.164,474,934.86) sin justificación de su origen en relación a la indagación de sus actividades generadoras de ingresos.
En iguales condiciones se encuentra su cónyuge la señora Nancy Mareyil Santos Ríos, puesto que después del análisis de toda la información patrimonial y financiera, se determinó la cantidad de ciento cincuenta y siete millones, cuatrocientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y cuatro lempiras con 94/100 (L.157,452,974.94) que se encuentran de igual manera sin poder justificar un origen legítimo.
De su lado, la imputada Bella Ríos no justifica un incremento patrimonial de veintitrés millones cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos cincuenta y seis lempiras con 52/100 (L.23,498,356.52), mientras que la imputada Fadde Avilés López no acredita, ni justifica, un incremento patrimonial de veintiún millones seiscientos un mil cuarenta y dos lempiras con 17/100 (L.21,601,042.17).
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