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Las comisiones han sido nombradas para intervenir la OABI, la Dirección General de Servicio Civil y la Dirección Nacional del Sistema Nacional de Emergencia 911, tres órganos adscritos a la Secretaría de la Presidencia; y más recientemente, se anunció la intervención del sistema penitenciario nacional.
Por Nincy Perdomo
Desde el 7 de febrero del 2023 hasta el 9 de Abril, la presidenta Xiomara Castro ha nombrado cuatro comisiones interventoras con el fin de resolver las crisis a lo interno de varios órganos de gobierno. Entre los organismos intervenidos están la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), la Dirección General de Servicio Civil y el Sistema Nacional de Emergencia 911, que dependen de la Secretaría en los despachos de la Presidencia, que Castro encabeza. Más recientemente, Castro solicitó también la intervención del sistema penitenciario nacional.
Las primeras dos comisiones nombradas por la presidenta estaban dirigidas a intervenir órganos importantes de la Secretaría de la Presidencia, que depende directamente de la misma Castro a través del Secretario de Estado Rodolfo Pastor. Ambas comisiones están integradas por funcionarios activos.
En el caso de la interventora de la OABI, el Subsecretario de Seguridad, Hugo Suazo, encabeza la misma; en la comisión que interviene actualmente la Dirección General de Servicio Civil figura el actual alcalde de Colinas, Santa Bárbara, director del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones para Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y Subsecretario en los despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), Amable de Jesús Hernández. Se desconoce si Hernández será capaz de desempeñar otro cargo encima de los tres que ya ostenta.
La tercera institución en ser intervenida, ante la crisis generada por señalamientos públicos cuestionando el cese de sus actividades, fue el Sistema Nacional de Emergencia 911, adscrito también a la Secretaría de la Presidencia.
Finalmente, en el marco de varias reyertas al interior de los centros penales, la presidenta anunció este pasado 9 de abril una intervención en todo el sistema penitenciario del país. El día siguiente, Castro nombró a la también actual Subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, a la cabeza de esta nueva comisión interventora.
De acuerdo a los decretos ejecutivos publicados en La Gaceta que dan origen a las primera tres interventoras, éstas tienen atribuciones diferentes. Las comisiones que intervienen la OABI y el Sistema Nacional de Emergencia 911 tienen la duración de un año, y deben presentar un informe ante la presidenta a tres meses de su entrada en vigencia.
Mientras tanto, la comisión interventora de la Dirección General de Servicio Civil tiene por ley una vigencia de seis meses, y debió presentar su informe ante el Poder Ejecutivo el 7 de marzo, pero hasta la fecha se desconocen los resultados de las acciones generadas por la misma.
Ninguno de los decretos (PCM 07-2023, 08-2023, 11-2023) menciona a las personas nombradas en los cargos, ni qué posición ocupan dentro de la estructura determinada (un comisionado presidente y dos adjuntos). La única información disponible en ese respecto son los tweets de la presidenta Castro, que no clarifican qué cargo ocupa cada integrante dentro de la respectiva comisión.
En cuanto a los recursos necesarios para el funcionamiento de cada comisión, los tres decretos instruyen a las a interventoras a buscar recursos dentro de cada institución, pero también autorizan a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) a asignar recursos de acuerdo a disponibilidad presupuestaria. Para acceder a estos fondos, las comisiones interventoras deben presentar una solicitud ante SEFIN con el detalle de los gastos. Hasta el momento se desconoce si las comisiones han solicitado fondos del Estado para su funcionamiento.
En cuanto a la intervención del Sistema Nacional de Emergencia 911, los considerandos del decreto ejecutivo PCM 11-2023 exponen la suscripción directa del contrato con la Sociedad Mercantil Dynamic Corporation, S.A. de C.V. y la posterior suspensión de servicios desde el 31 de Agosto de 2022 como desencadenantes de la misma. No obstante, el artículo 7 del mismo decreto autoriza a la comisión a realizar contrataciones directas de "bienes, servicios, suministros, sistemas de video vigilancia, sistema de llamadas, arrendamiento de bienes, contratación de servicios de consultorías y/o auditorías con empresas nacionales o internacionales," incurriendo en la misma práctica. El artículo 7 indica que estas contrataciones directas serán provisionales mientras se lleven a cabo los procesos de adquisición de bienes o servicios de acuerdo a la Ley de Contratación del Estado.
Desde una perspectiva amplia, que la presidenta inicie su segundo año nombrando comisiones interventoras a instituciones que dependen directamente de la presidencia deja en precario su criterio de elección de gabinete de gobierno. El primer cuestionado ante los conflictos dentro de la Secretaría de la Presidencia debe ser el secretario Rodolfo Pastor, especialmente en lo concerniente a la Dirección General de Servicio Civil, que es parte de la secretaría que él encabeza.
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En segundo lugar, es importante recordar que el discurso del partido oficialista antes de tomar el poder se posicionaba en contra de las comisiones interventoras. cuestionando su eficacia y calificando su actividad como derroche del erario público. En espacio de tres meses, no obstante, el discurso anterior ha sido desechado en favor de presentar como solución el nombramiento de estas comisiones, de cuya labor no existe comunicación por parte del gobierno.
Es particularmente relevante que la comisión interventora del Sistema Nacional de Emergencia 911 tenga la autorización de suscribir contrataciones directas. El partido de gobierno criticó duramente esta práctica en gobiernos anteriores, que ahora aplica a discreción.
Las comisiones interventoras aún tienen tiempo para probar que han sido efectivas en corregir las crisis y en fortalecer la institucionalidad pública. Es labor del gobierno hacer transparentes las acciones de los órganos que la presidenta Castro ha nombrado, para cumplir con la ciudadanía el compromiso de acceso a la información pública.
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