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El caos y la falta de gobernabilidad en los centros penales de mayor peligrosidad en Honduras continúan ganando terreno, pese a las estrategias anunciadas por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, coinciden algunos expertos en temas de seguridad
Como parte del plan para la recuperación del sistema penitenciario, la viceministra de seguridad Julissa Villanueva, quien fue nombrada para dirigir la interventora, anunció el pasado 18 de abril las diez medidas que se implementarán que van desde el bloqueo telefónico hasta el traslado y reubicación de los privados de libertad más peligrosos.
Sin embargo, hasta el momento han sido ineficaces. Al contrario, esa misma semana se produjeron dos reyertas en el penal de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara conocido como “El Pozo”, dejando 17 reos heridos.
A raíz de los últimos acontecimientos, la presidenta Xiomara Castro buscará habilitar el centro carcelario ubicado en Naco, Cortés. La mandataria visitó el recinto junto a la viceministra Julissa Villanueva para conocer el estado actual de la infraestructura.
Suspensión de garantías constitucionales
Ante esto, el general de las Fuerzas Armadas en retiro, Luis Alonzo Maldonado Galeas, opina que urgen verdaderas líneas estratégicas de intervención para recuperar el control al interior de los centros penales.
Los resultados dependerán de todos los medios necesarios que utilicen las autoridades para cada una de las acciones, comenzando por una investigación para ejecutar un desarme obligatorio, coordinado por las Fuerzas Armadas, la Dirección de Investigación y el Ministerio Público, entre otras agencias especializadas explicó Maldonado Galeas.
Agregó que, pese a que las medidas tecnológicas a implementar, se requieren de una planificación, además, es necesario que el gobierno priorice las acciones a fin de generar un ambiente seguro y eliminar de forma contundente el control que mantienen las maras y pandillas.
La estrategia para recuperar la gobernabilidad, según el general Maldonado, depende de una acción de transición entre lo que está bajo la responsabilidad de la Policía Nacional y el traspaso al Instituto Nacional Penitenciario (INP), dependiendo de la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización, pero con personal estrictamente penitenciario.
“Tanto para las funciones de custodia, seguridad interior, como aquel personal de dirección, de función asesora y personal especializado que tiene que ver con la atención de los derechos y garantías en los centros penales”, dijo
Para el ex director de la Policía Nacional, Andrés Urtecho las autoridades gubernamentales han perdido el control en las cárceles, debido a que las estructuras criminales se han fortalecido en los últimos años.
Expertos en seguridad coinciden que la única manera de recuperar el control del sistema penitenciario se daría al suspender algunas garantías constitucionales para los privados de libertad.
Sin embargo, la decisión no es fácil, debido a que existen organismos nacionales e internacionales que protegen los derechos humanos de todos los hondureños sin hacer distinción.
Evaluación de la CIDH
Cabe mencionar que esta semana estará en Honduras, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual comenzó este lunes una evaluación del estado de los derechos de los presos, etnias y otros grupos sociales y humanitarios del país.
El relator para Honduras de la CIDH, Carlos Bernal, indicó que la misión se encargará de "escuchar y observar" a distintos actores sociales en Tegucigalpa, San Pedro Sula (Cortés), Tela (Atlántida), Tocoa(Colón) y La Esperanza (Intibucá).
Habrá reuniones con "autoridades del Estado, miembros de la sociedad civil, personas indígenas, afrodescendientes, personas privadas de libertad, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas", anunció.
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