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Honduras y Estados Unidos tienen vigente un tratado bilateral de extradición, desde enero de 1909 y una convención adicional en la misma materia que data de febrero de 1927. En enero de 2012 se hizo una reforma a la Constitución de la República, que da luz verde a la extradición de nacionales acusados por narcotráfico y criminalidad.
Por Isabel Monzón
Tegucigalpa 28 de febrero. – Luego que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, aceptara que existe la posibilidad de reglamentar la extradición de connacionales, diferentes voces de oposición se han levantado en contra de la pretensión de algunas fuerzas políticas del Congreso Nacional, que buscan dejar el auto acordado que se aplica para el proceso, lo que enredaría la entrega de pedidos por la justicia extranjera.
Según adelantó la directiva del hemiciclo, se conformará una comisión para estudiar el actual auto acordado y crear la nueva normativa que regule las extradiciones en Honduras.
“Vamos a nombrar una comisión dictaminadora y vamos a ir construyendo determinaciones políticas, hay pláticas donde tenemos que fortalecer el sistema de justicia en ese aspecto”, precisó Rasel Tomé, vicepresidente del Poder Legislativo.
Por su parte, el jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento, expresó que, para elaborar el dictamen, la comisión escuchará la opinión de la Corte. “La extradición debe ser de doble vía, y en Libre sabemos la necesidad que haya una Ley de Extradición," expuso.
Sarmiento aseguró que con la iniciativa no se busca condicionar la expatriación, ni tampoco forma parte de acuerdos políticos, lo único que se pretende es contar con una reglamentación que le pueda dar garantía a los hondureños, debido a que la extradición es una obligación mutua entre los países que mantienen acuerdos.
Voces en contra
Sin embargo, el ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, argumenta que el proceso no lo rige una normativa, es algo que está previsto en tratados internacionales de los que Honduras es signatario, por lo que se manifestó en contra de una Ley de Extradición.
Para el ex fiscal de la república, algunos de los actuales diputados mencionados en juicios de narcotráfico en Estados Unidos “seguramente” votarán a favor de una nueva Ley de Extradición para hacer más engorrosos estos trámites judiciales que en determinado momento les pudiera abarcar, donde se den caso que tarden hasta 20 años en ser extraditados, especificó.
“Van a querer una ‘ley laberíntica’ que obstruya el proceso o que lo haga mucho más largo”, puntualizó Orellana.
La bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) está clara en su posición y varios de sus integrantes han hecho pública su opinión, quienes se mantendrán en contra de cambiar las reglas que hasta la fecha han dado buenos resultados señaló el diputado Jhosy Toscano.
A criterio del congresista, “si hay algo que sí se debe reglamentar es la conducta de los políticos que buscan apropiarse de los poderes para beneficiar a sus propios partidos políticos”.
El presidente de este instituto político, Salvador Nasralla, publicó a través de sus redes sociales que “evidentemente con los arreglos que ya hacen en la nueva Corte Suprema de Justicia, la razón por la que dejaron fuera de reuniones para su elección al Partido Salvador de Honduras fue para enredar las extradiciones porque los tres partidos tienen cuentas pendientes."
La diputada nacionalista, María Antonieta Mejía, asevera que el tema de la extradición genera ruido en toda la población, debido a que el auto acordado ha funcionado en los últimos años, y ahora “como que a algunos les da canillera o les está llegado el agua al cuello, que pretenden hacer una nueva Ley de Extradición”.
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