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Ante el incremento de las muertes múltiples y la violencia en el país, la presidenta Xiomara Castro determinó en sesión de Consejo Nacional de Defensa y Seguridad poner en marcha el Plan de Solución Contra el Crimen Organizado
En la reunión, la mandataria junto a la cúpula de Seguridad determinó prorrogar la vigencia del PCM-10-2023 del 20 de febrero, en el que decreta la suspensión de garantías constitucionales que da vida al estado de excepción.
En ese sentido, la Secretaría de Seguridad será la responsable de coordinar y ejercer sus facultades en todo el país y responderá por los resultados en dicho plan en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, los cuales estarán bajo su gestión operativa, para combatir y ponerle fin a la criminalidad.
Mientras que la Secretaría del Despacho en Defensa, a través de las Fuerzas Armadas, Aéreas y Naval, colaborará de manera efectiva con la ejecución de actividades y acciones en materia de seguridad en base a la estrategia establecida en los departamentos de Colón, Olancho, El Paraíso y Gracias a Dios.
Las Fuerzas Armadas de Honduras además deberán redoblar acciones en los departamentos de Atlántida, Yoro y Copán brindando los informes correspondientes al Consejo, sobre las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos.
La institución armada también colaborará con el Instituto Nacional Penitenciario (INP) en la habilitación de batallones como centros de reclusión de emergencia, sometiéndose a los estándares internacionales de seguridad penitenciaria, a los convenios y tratados internacionales que regulan los derechos de los detenidos.
El Poder Judicial y el Ministerio Público deberán asignar jueces y fiscales con jurisdicción nacional para acompañar de manera eficiente las acciones por las fuerzas de seguridad.
El Plan de Solución contra el Crimen también contempla la declaración de decreto de emergencia para el funcionamiento de equipos técnicos y operativos en las instalaciones penitenciarias a nivel nacional.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), en colaboración con la Empresa de Telecomunicaciones (Hondutel), procederán a prohibir la compra y venta de tarjetas simcard (chip) para celulares, que no tengan registro e identificación de los compradores.
En caso de incumplimiento se responsabiliza y sanciona a las compañías de telefonías y sus sucursales autorizadas para operar en el país.
Además, el informe detalla que se instruyó a la Dirección de Investigación e Inteligencia para que elabore un programa de análisis criminal con la participación del Poder Judicial, Ministerio Público, Secretarías de Seguridad y Defensa, a fin de sistematizar de manera ordenada toda la información que exista sobre denuncias, detenciones, órdenes de captura, requerimientos fiscales y sentencias para efecto de identificar a las personas con mayor incidencia.
Las tomas o protestas en la vías públicas, nacionales e internacionales también serán combatidas a través de un protocolo policial establecido en el plan, a fin de evitar la perturbación del orden público y el libre tránsito.
Las autoridades policiales mencionaron que a raíz de la incidencia criminal y ante el desplazamiento masivo de hondureños en el marco de la Semana Mayor, los elementos de seguridad y defensa se comprometen a mantener las medidas para proteger a los hondureños que no vacacionarán.
En la conferencia de prensa además se anunció que en un plazo de 30 días se rehabilitarán las más de 3,500 cámaras de seguridad del 911, a fin de combatir los actos criminales en el país.
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