Villanueva informó que son 10 las medidas que se aplicarán en la primera etapa de la emergencia declarada, luego que el pasado 8 de abril de 2023 se registrarán cuatro enfrentamientos simultáneos en igual número de cárceles del país
Ante la crisis que enfrenta el sistema carcelario del país, la viceministra de Seguridad y encargada de la intervención de los centros penitenciarios de Honduras, Julissa Villanueva, presentó este martes la acciones que se tomarán a fin de restablecer el orden dentro de los mismos.
Anunció que la comisión interventora trabajará de manera eficaz para brindar resultados contundentes y de igual forma garantizar los derechos humanos de los privados de libertad, para que los recintos carcelarios del país “no sean escuelas del crimen”.
Por otro lado, aseguró que no enfrentará a ningún privado de libertad, pero sí lo hará contra la corrupción y el delito, y “quien no se apegue a la legalidad conoce ya las consecuencias".
Las acciones que se emprenderán serán coordinadas por equipo multidisciplinario integrado por la Policía Nacional, Corte Suprema de Justicia (CSJ), Congreso Nacional (CN), Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel), instituciones que se convertirán en protagonistas del ordenamiento en el Sistema Penitenciario, mencionó la subsecretaria de seguridad.
Medidas para recuperar sistema penitenciario
Entre las 10 medidas anunciadas resalta el desarme real a través de registros manuales y electrónicos, permanentes en el 100 % de las instalaciones físicas. Igualmente, el bloqueo total de la señal telefónica para los detenidos e intervención autorizada de las líneas oficiales para el registro de las comunicaciones internas y externas.
La tercera medida busca remover y depurar al personal penitenciario a través de evaluaciones y pruebas de confianza, las cuales iniciarán con una evaluación profesional y exhaustiva inmediata a los directores de los recintos carcelarios más conflictivos, Támara, Morocelí (La Tolva), Ilama (El Pozo) y El Porvenir.
Asimismo, la instalación de emergencia y desarrollo de tecnología, sistemas de monitoreo y vigilancia electrónica, con control central las 24 horas del día. Habrá una vigilancia centralizada que será dotada con una millonaria inversión y aportes de la cooperación internacional.
Villanueva anunció también que se efectuará el traslado y ubicación de los privados de libertad de los cuatro centros penitenciarios con mayor concentración, considerando la gravedad de los crímenes acusados y el estado del proceso (sentenciados y no sentenciados).
Agregó que se hará una reclasificación y asilamiento de privados de libertad con vínculos con el crimen organizado, maras y pandillas, y tráfico de drogas y armas.
Entre las medidas anunciadas además se incluye la revisión de los expedientes de los presos con enfermedades terminales en proceso de preliberación u otras condiciones, se analizarán las condiciones jurídicas para el otorgamiento de indultos en casos menores.
Se aplicarán pruebas de confianza al recurso humano policial y civil que labora en las cárceles.
Por otro lado, añadió que se aumentará el número de agentes penitenciarios y policías, se dotará de modernos equipos de comunicación, tecnología, uniformes, capacitación y revisión de ajuste salarial.
Finalizó con la creación de un banco de datos de privados de libertad para asegurar el registro de sus identidades y garantizar que no haya sustitución de identificación.
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