.png)
Representantes de las áreas de Economía de las universidades de Honduras, analizaron el impacto social y económico que tendrá el Proyecto de Ley de Justicia Tributaria enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su aprobación
Expertos de la academia concluyeron que la iniciativa carece de un análisis profundo que determine los beneficios y los resultados efectivos que la ley puede brindar a corto y mediano plazo.
A criterio de Ricardo Matamoros, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), cualquier acción como la reforma tributaria que pretende implementar el gobierno de la presidenta Xiomara Castro tiene que estar respaldado por dos tipos de estudios.
Uno de tipo contrafactual, es decir, utilizando una metodología que permita determinar qué pasaría si no existieran dichos regímenes tributarios, lo que llevaría a identificar cómo se comportaría el crecimiento económico, si aumentarían o no las inversiones y si se generarían más empleos.
A la fecha, las autoridades del Servicio de Administración de Rentas (SAR) han brindado algunas cifras sobre los sacrificios tributarios, bajo la hipótesis de que si no existieran los regímenes, los niveles de crecimiento económico, inversión y generación de empleo se mantendrían y el análisis no se hace de esa manera, según los expertos.
La información para que las diferentes instituciones competentes puedan realizar un estudio detallado es de uso clasificado y controlada por la SAR, el Banco Central de Honduras (BCH) y la Secretaría de Finanzas (SEFIN), la cual no permite ser analizada por los técnicos en la materia.
El segundo estudio debería basarse en un análisis prospectivo donde se realice una proyección de cuál sería el impacto al migrar a los dos nuevos regímenes tributarios en los mismos términos de generación de empleo, inversión, crecimiento económico y tributación, mismo que no ha sido presentado por las autoridades gubernamentales.
La propuesta enviada por Casa de Gobierno alude a que la recaudación de impuestos en Honduras hace más desigual a la sociedad y en este punto coinciden los representantes de las universidades hondureñas; sin embargo, los académicos aseguran que ya existen mecanismos que están obligados a regular el monopolio de los mercados y la libre competencia.
“Para eso existen políticas denominadas 'regulación de mercado', el sector público cuenta con una Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, es por ello que esperábamos que en este gobierno se hubiese fortalecido, porque históricamente se ha mantenido aislada, sin presupuesto y sin apoyo técnico”, mencionó Matamoros.
Las diferentes universidades coinciden en que si Honduras quiere avanzar por un camino significativo para el desarrollo, necesita una reforma tributaria, pero tiene que ser integral, es decir, que no solo aborde una parte de la legislación tributaria, sino que transforme toda estructura, simplificarla y asegurar una mayor eficiencia y agilidad en la parte de los procedimientos administrativos y tributarios.
En ese sentido, los economistas de las diferentes universidades del país recomiendan al gobierno elaborar los estudios necesarios con el rigor que se debe para respaldar la propuesta y que pueda ser discutida por todos los sectores que integran la economía del país.
Cifras gubernamentales
Según el documento enviado por el Poder Ejecutivo al hemiciclo legislativo, los impuestos a los ricos apenas representan 3 lempiras de cada 10 lempiras que cobra el Estado en impuestos, el 20 % más rico recibió el 98.62 % de las exoneraciones y exenciones en impuestos sobre rentas y el 40 % de las exenciones en canasta básica.
25 grupos económicos -a través de 142 empresas- acumularon dos terceras partes (66.7 %) de las exoneraciones fiscales y, de acuerdo con los Pandora Papers, 146 grandes empresas blanquearon capitales y evadieron impuestos utilizando paraísos fiscales.
Además de promover la inequidad, el sistema tributario es insuficiente para otorgar los recursos necesarios para implementar la agenda social y económica del gobierno. Entre junio de 2009 y diciembre 2022 se otorgaron L451,415.3 millones en exoneraciones y exenciones, un 116% del total de la deuda pública al cierre del 2022.
Honduras es el segundo país de América Latina que más impuestos ha perdonado en los últimos 12 años, con un 7% del PIB. Esto explica gran parte de la insuficiencia presupuestaria crónica del Gobierno; entre 2017 y 2021 apenas se recaudaron en impuestos L53 de cada L100 que fueron gastados.
Comments