La ASJ afirma que los montos de la extorsión han aumentado pese al Plan de Control del Gobierno

La DIPAMCO afirma que ese delito ha disminuido, pero aún no hay una cifra exacta

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) opina que, pese a las medidas adoptadas por el gobierno de Xiomara Castro, los montos exigidos por los extorsionistas han aumentado y están afectando a todas las capas sociales.

El portavoz de la Dirección Nacional Anti Maras y Pandillas (DIPAMCO), Mario Fú, ha informado que en los primeros tres meses de 2023 se han detenido a más de 500 extorsionadores dentro del programa antiextorsión impulsado por el gobierno.

“Producto de estas acciones que se han desarrollado, se han capturado unos 500 miembros de organizaciones criminales vinculados a la extorsión, el tráfico y la venta de drogas, entre otros delitos. Además, se han decomisado más de 100 armas de fuego” detalló Fú.

Si bien no pudo brindar una cifra exacta, Fú argumentó que los datos disponibles sugieren que se ha producido una disminución en el delito de extorsión. De igual modo, el portavoz señaló que es necesario recopilar estadísticas de otras instituciones para obtener una cifra precisa sobre la reducción del delito de extorsión.

Por su parte, la ASJ sostiene que los montos exigidos por la extorsión han aumentado y que el delito se ha expandido a otras capas sociales, incluyendo a los medianos y grandes empresarios, lo que ha afectado no solo a los microempresarios.

“Lamentablemente a partir de esa estrategia que se lanzó del gobierno, el costo de la extorsión aumentó porque ahora los extorsionadores aducen que para operar necesitan más recursos, y ahora están cobrando más”, expresó el director de la ASJ, Carlos Hernández.

Hernández también señaló que “la extorsión tocó no solo la puerta de los pequeños empresarios, sino también la de los grandes y medianos”. Según el director de la ASJ, el aumento de los pagos por extorsión ha provocado que muchas empresas de transporte suspendan sus operaciones y que varios negocios hayan cerrado, lo que ha causado graves pérdidas a la economía del país.

“Más de 200 mil familias son víctimas de la extorsión y se pierden más de 14 mil millones de lempiras, eso representa un gran porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)” señaló el representante de Sociedad Civil.

Además, Hernández recomendó al gobierno la creación de un plan integral en conjunto con los distintos sectores, con el fin de llevar a cabo una lucha efectiva contra la extorsión en el país.

Hasta ahora, lo único que se sabe del plan antiextorsión implementado por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro es el estado de excepción, ya que las autoridades aún no han presentado un informe detallado sobre los resultados obtenidos en los cuatro meses que lleva en vigor.