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Por Nincy Perdomo
En el año 2011 se aprobó, en el Congreso Nacional que presidía el entonces diputado Juan Orlando Hernández, la Ley de Seguridad Poblacional, que instituyó un recaudo llamado "Tasa de Seguridad Nacional" a los ahorros de la ciudadanía hondureña. El objetivo del mismo era, de acuerdo a lo estipulado en el decreto 105-2011, "establecer mecanismos de fortalecimiento a los operadores de justicia a efecto de combatir eficientemente toda amenaza a la convivencia pacífica." Una reciente investigación del Consejo Nacional Anticorrupción reveló las irregularidades que se cometieron en la administración de este fondo, entre las que destacan compras de licores, entradas para conciertos y hasta vistas para los campeonatos mundiales.
La aprobación de este decreto fue posible debido al contexto en el que se ideó el mismo. El entonces presidente de la república, Porfirio Lobo Sosa, había logrado finalmente una victoria presidencial en su segunda candidatura, impulsada por dos campañas cuyo punto central era la preocupación sobre la seguridad ciudadana y la promesa de un "puño firme" contra la delincuencia. Ante una indicación del exiliado presidente Manuel Zelaya de no votar en las elecciones de 2010, el nacionalismo obtuvo una mayoría calificada con 71 diputados en el Congreso Nacional, convirtiendo a Juan Orlando Hernández en el segundo hombre más poderoso del país y con un trampolín considerablemente elástico para permitirle llegar a la presidencia de la nación.
En cumplimiento a la agenda de campaña, el 24 de junio del 2011 se aprobó en la cámara legislativa el decreto 105-2011, aplaudido por el secretario de Estado en materia de seguridad, Óscar Álvarez, herencia del gobierno nacionalista previo, presidido por Ricardo Maduro. El decreto fue reformado el 18 de diciembre 2013, alterando la duración del recaudo de 5 a 10 años e incluyendo a personas cuyo saldo promedio fuese de 120 mil lempiras o superior. Esta reforma generó molestias y resistencias de parte de diputados de la oposición de ese entonces y del sector empresarial, que exigían una rendición de cuentas profunda sobre la utilización de estos fondos. Sin embargo, pocas semanas después, la Ley de Secretividad del Estado fue aprobada en la denominada "diarrea legislativa" de Enero de 2014, frustrando el objetivo de veeduría social.
Más de diez años después de su aprobación y ya próxima a que caduque el período estipulado en ley, el Consejo Nacional Anticorrupción ha publicado una investigación con base en una veeduría realizada entre los años 2021 y 2022. Desde 2012 hasta la fecha, la Tasa de Seguridad recaudó L 23,549,759,266.90 según el Portal de Transparencia; sin embargo, los registros del Banco Central de Honduras establecen el monto en L 26,740,704,545.02, dando como resultado una diferencia de más de tres mil millones de lempiras sin justificar.
Dentro de algunos de los egresos encontrados en la contabilidad del fondo se encontraron desembolsos en hoteles, restaurantes, compras de electrónicos y licores, así como la compra de 66 entradas a un concierto del cantante Romeo Santos, justificados como proyectos de prevención de la violencia.
Lo ocurrido con la Tasa de Seguridad es una lección sobre la importancia de la veeduría social en todos los procesos del Estado, y cómo la acumulación de poder inclina a los mandatarios hacia la opacidad, el abuso de poder y la corrupción. Proteger los fondos –y el bienestar– de la ciudadanía es actuar con probidad y transparencia.
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