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Las acciones se ejecutan a nivel nacional como parte de los trabajos de la Fiscalía contra los Delitos Tributarios y Conexos.
A través de la Operación Poseidón IV, el Ministerio Público (MP), realiza acciones de investigación en contra del exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Melvin Maldonado (2016-2021), por suponerlo responsable de violación a los deberes de los funcionarios durante su gestión.
Además, en los operativos fue requerida la extitular del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-Conaprev), Jessica Abufele, por malversación y violación a los deberes de los funcionarios.
En el caso de Hondutel tiene que ver con retenciones al Impuesto Sobre la Venta (ISV) que pagaban los abonados y que no fueron entregadas al Servicio de Administración de Rentas (SAR), causando un perjuicio a la administración pública por un monto superior a los 259 millones de lempiras (L.259,256,694.65).
A eso se suma que Maldonado no enteró al SAR más de tres millones de lempiras (L.3,400,609.76) por concepto de retención de la fuente o Impuesto Sobre la Renta (ISR) y finalmente otros 1.5 millones de lempiras (L.1,501,400.02) a razón de retenciones por ventas del Estado.
En total, más de 263 millones de lempiras (L.263,762,704.43) dejó de percibir la hacienda pública entre los años 2019 y 2021 por las actuaciones punibles del extitular de HONDUTEL, Melvin Remberto Maldonado Maldonado.
Requerimiento para extitular de CONAPREV
Por otro lado, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó requerimiento fiscal en contra de la exrepresentante del Poder Ejecutivo en MNP-CONAPREV, Jessica María Abufele Luque, por suponerla responsable de los delitos de malversación por aplicación oficial diferente y violación a los deberes de los funcionarios.
De acuerdo a las diligencias de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la acusada, quien se desempeñó en el cargo hasta marzo de 2022, solicitó y recibió de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) un apartamento en el edificio “Condominios Malibú” situado en la colonia San Ignacio de Tegucigalpa, bien inmueble asegurado por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la ATIC en el marco de la Operación Apolo en 2018, al que la exfuncionaria le dio un uso para beneficio personal (domicilio privado).
Las acciones se ejecutan a nivel nacional como parte de los trabajos de la Fiscalía contra los Delitos Tributarios y Conexos.
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