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Las múltiples protestas que se registran a diario en Honduras continúan desencadenando un clima de incertidumbre para la inversión nacional y extranjera en el país, reveló la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), Jaqueline Foglia Sandoval.
Por Isabel Monzón
Pese a que para este año se pronostica un incremento en la inversión luego de superar la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, los constantes conflictos sociales han activado las alarmas en el sector financiero debido a la inseguridad jurídica que estos provocan, lamentó Foglia.
Para el cierre de este año se espera que la inversión nacional y extranjera alcance los mil millones de dólares, superando los 822.6 millones de dólares que se registraron en el 2022. Sin embargo, la ejecutiva aseguró que estas cifras se ven amenazadas por la falta de diálogo e interés por resolver la crisis social en el país.
“Este ambiente en el cual no se logra dialogar, ni resolver los problemas a nivel de diferentes oficinas y organismos está causando una molestia en los ciudadanos y empresarios que están tratando de mover sus productos o comprar insumos,” lamentó Foglia.
Agregó que ningún hondureño quiere que las manifestaciones lleguen a un alto nivel de violencia como el que se registró este martes cuando empleados de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), se enfrentaron a los golpes con miembros de la Policía Nacional (PN).
El caos también se vivió por varios días en el Hospital General El Progreso donde supuestos grupos de campesinos haciendo uso de la violencia se tomaron las instalaciones, sin permitir el acceso de empleados y pacientes, para exigir la destitución de la directiva del centro asistencial.
En ese sentido, Foglia recomendó cuidar la inversión con la que ya cuenta el país. "Lo primordial es proteger a los inversionistas desde el más pequeño, porque todos generan un gran aporte a la economía hondureña," destacó.
“Para este año estamos viendo ciertas señales positivas. Estamos viendo un movimiento más fuerte en el área de inversiones de hospitalidad, así como en la parte logística, pero tenemos que cuidar ese ambiente garantizando seguridad jurídica para los inversionistas."
Martes de protestas
Un grupo de padres de familia y docentes de la Escuela Manuel Bonilla de la montaña de Azacualpa protestaron este día frente a las instalaciones de la Departamental de Educación de Francisco Morazán, con el fin de exigir la asignación de docentes.
Los manifestantes piden a la Secretaría de Educación enviar más maestros a ese centro educativo, puesto que varios estudiantes no han logrado avanzar en sus estudios en los cuatro meses que van del año.
La docente Argentina Hernández manifestó que continuarán las acciones mientras no reciban una respuesta favorable, debido a que consideran injusto que se violente el derecho a la educación de los más de 150 alumnos que asistes a ese centro de enseñanza.
Zafarrancho en Hondutel
Los empleados destituidos de Hondutel, junto a colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), protestaron en las instalaciones ubicadas en el Boulevard Centroamérica de Tegucigalpa exigiendo su reintegro laboral y el cese a las violaciones a sus derechos como trabajadores.
Los protestantes provocaron un zafarrancho en el momento que fueron enfrentados por miembros de la Policía Nacional, quienes hicieron uso de la fuerza según denuncias de los miembros del Sindicato de Trabajadores de Hondutel (Sitratelh).
Otra facción de esta institución pública exige que dejen ingresar a los empleados para que las labores se lleven a cabo de manera normal.
Dotación de tierras
Un grupo de organizaciones campesinas se apostaron desde tempranas horas en las instalaciones de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), para exigir que donen las tierras que han sido incautadas a los narcotraficantes y puedan servir para sembrar cultivos y construir viviendas dignas.
Más tarde se movilizaron hasta Casa Presidencial, donde una comitiva integrada por representantes de cada movimiento campesino dialogó con autoridades gubernamentales para solicitar la aprobación de un decreto de emergencia para el acceso y legalización de las tierras que contrarreste el acaparamiento por parte de empresarios nacionales y extranjeros.
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