El abogado Marco Zelaya cuestiona que la solicitud de la OABI es encontrar los bienes que han asignado, ya que lo desconocen
La Oficina Administrativa de Bienes Incautados (OABI) solicitó a través de un comunicado al Congreso Nacional que todos los funcionarios e instituciones públicas que posean vehículos automotores, aeronaves, embarcaciones e inmuebles, asignados para uso provisional por la OABI, se presenten a sus oficinas para acreditar la condición y estado actual de los bienes muebles o inmuebles.
Según el comunicado, los funcionarios e instituciones públicas tendrán un plazo de ocho días para presentar una constancia de revisión física y mecánica con fotografía emitidas por los talleres debidamente certificados por la institución.
La decisión de la OABI se debe a que tiene “información confirmada de que muchas instituciones tienen los bienes en mal estado e incluso algunos han sido destruidos, lo cual genera responsabilidad civil y administrativa”.
El abogado Marcos Zelaya ha cuestionado la solicitud de la OABI, afirmando que debería ser más específica en cuanto a qué bienes se están pidiendo informes, y que esto sugiere que “la OABI no tiene un inventario completo de los bienes asignados a los funcionarios e instituciones públicas”.
Zelaya dedujo que posiblemente la OABI con esa solicitud lo que está tratando de hacer es ubicar donde están los bienes que han asignados, ya que hay al menos “2.500 vehículos que no saben dónde están”, y que son automóviles que valen de 500 mil lempiras para arriba.
Sin respuesta
Ante la situación, se intentó obtener la reacción de Hugo Suazo, el único interventor de la OABI autorizado a declarar ante los medios de comunicación, pero no se obtuvo respuesta. La oficina de relaciones públicas informó que en ese momento "justo estaba saliendo". Se intentó contactarlo vía celular, pero argumentó que no podía dar declaraciones debido al ruido mientras "andaba en el mall" y que media hora más tarde podría proporcionar explicaciones. Se realizó otro intento de llamada, pero fue su asistente quien respondió, explicando que Suazo acababa de "entrar a una reunión".
El comunicado de la OABI advierte que el incumplimiento de la orden será causa suficiente para que se proceda a cancelar los convenios que permitieron la asignación de los bienes, y de no cumplir con la petición, se ordenará a las autoridades policiales del país proceder al decomiso de los mismos.
Comentarios