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A un mes que la presidenta Xiomara Castro anunciara “una intervención dura” en los centros penales del país, tras registrarse una reyerta simultánea en las cárceles de “máxima seguridad (Ilama, Santa Bárbara; Morocelí, El Paraíso; El Porvenir y Támara, en Francisco Morazán), la interventora no ha brindado ningún resultado contundente.
El 8 de abril quedó evidenciado cómo la ingobernabilidad en el sistema penitenciario gana terreno y deja en jaque mate a las autoridades de seguridad, quienes a la fecha no han podido retomar el control de los Centros Penales con mayor grado de violencia.
En el amotinamiento del centro de Morocelí hubo tres personas heridas; dos heridos y un muerto en Ilama; dos heridos en Támara, y un herido en la cárcel de El Porvenir, Francisco Morazán.
Tras los ataques simultáneos, la mandataria Castro decidió nombrar a la viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, para presidir el Plan de Intervención de los Centros Penales con el fin de desmontar las estructuras criminales que controlan el sistema carcelario.
Como parte del plan de seguridad, la interventora anunció diez medidas para poner orden en las cárceles del país, que implicaban el bloqueo de llamadas de teléfonos móviles, un desarme real de los presos a través de registros manuales y electrónicos permanentes en el sistema penitenciario y la clasificación de los reos por peligrosidad.
Cero resultados
Sin embargo, ya se cumplió un mes desde aquel fin de semana cuando los privados de libertad de los cuatro centros penitenciarios lograron sincronizar un ataque armado, provocando zozobra entre los familiares que se encontraban de visita.
Desde los hechos violentos que desencadenaron la orden ejecutiva de intervenir el sistema nacional penitenciario, al menos cinco balaceras en días distintos se han registrado; especialmente en la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, conocida como El Pozo, no se ha logrado remover a los jefes policiales que desde el año anterior están a cargo de las cárceles.
Además, agentes penitenciarios se declararon en rebeldía por el incumplimiento de aumentos salariales y otros beneficios, pero rápidamente fueron resueltas sus inquietudes por la interventora.
La portavoz del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Digna Aguilar informó que lamentablemente no se ha dado el desarme obligatorio, solo se avanza en la socialización con familiares y organizaciones de Derechos Humanos para que puedan se intermediarios y lograr un dialogo con los privados de libertad, para alcanzar un “desarme voluntario”.
En ese sentido la suspensión de las visitas generales y conyugales, continúan suspendidas en los cuatro centros penales (El Pozo, La Tolva, El Porvenir y Támara), lo que ha provocado malestar entre los miembros de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad.
Para el caso la viceministra Villanueva ha dejado claro que no avisará cuándo hará el desarme y el bloqueo de la señal de comunicaciones en las cárceles.
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